Además de ser abogada, es docente de posgrado en varias universidades ecuatorianas, en las materias de Derecho Procesal Constitucional; Garantías Extraordinarias de las Personas; Derecho Internacional de los Derechos Humanos; Derecho Internacional Público; Litigio Internacional y Género; Garantías del procesado en el proceso penal; y, Metodología de la Investigación.
Su experiencia profesional incluye el ejercicio de cargos en diversas instituciones tanto públicas como privadas. Durante su paso por el Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos (2010-2012), estuvo a cargo del desarrollo de metodologías de capacitación para funcionarias y funcionarios públicos como parte del equipo de la Subsecretaría de Derechos Humanos. Los temas incluyeron: el delito de trata de personas; género; Derecho Constitucional; Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos. Fue jefa de despacho en la Corte Constitucional
Durante 2024, participó en el desarrollo de un manual sobre la motivación de las resoluciones que dictan prisión preventiva para el PADF destinado a operadores y operadoras de justicia (jueces, juezas y fiscales). Este manual es el resultado de la investigación sobre uso de la prisión preventiva en el caso de ciertos delitos de criminalidad organizada, incluso el tráfico ilícito de migrantes.
Asimismo, es consultora para instituciones del Estado (como la Fiscalía General del Estado) y organizaciones de sociedad civil en temas que incluyen delitos con una visión de género sensible, graves violaciones a los derechos humanos, políticas públicas, entre otros.